LAS RASGADAS VESTIDURAS DEL EX PRESIDENTE DE LAS AFP
(*) Por Cristopher Ferreira
El recurso de protección presentado por la profesora de Antofagasta en la corte para retirar “sus” fondos de AFP Cuprum, ha instalado una incomodidad en un sector de la derecha y empresarios, puesto que tocan temas centrales del núcleo liberal: propiedad y vida. Es así como gente de los sectores antes mencionado y sobre todo a quien presidia hace poco las AFP, Andrés Santa Cruz, están con el alma temblorosa, ojos en blanco como los santos y a punto de rasgar vestiduras.
Según los archivos que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional, sólo existirían documentos entre el 9 de julio y 4 noviembre del año 1980 respecto al surgimiento del Decreto Ley 3.500. Como indica la Biblioteca del Congreso Nacional, “Entre enero de 1979 y marzo de 1980 se desarrolló el grueso del avance en el anteproyecto de reforma previsional”. Dicho Decreto fue elaborado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social encabezado por José Piñera Echeñique en vinculación con la Junta de Gobierno. Demás esta indicar de que no hay representación efectiva debido a la dictadura. Un hecho importante es que el pueblo o la ciudadanía, que no tiene reconocimiento, es afectada por una contribución obligatoria que expropia el dinero como propiedad (pensé que sólo expropiaban los comunistas) de los trabajadores de manera mensual. Esta obligatoriedad —ocupando la frase de Andrés Santa Cruz— es una metida de dedo en la boca y un jugar constante con la amígdala de los trabajadores…frase que como sabemos ocasionó su salida.
A raíz de la imposibilidad de sacar los fondos surge una contradicción, ya que mi “libertad” como individuo de tener a disposición lo que es mío no se concreta. Tal pronunciamiento de la profesora viene a instalar y disputar el espacio del imaginario colectivo que tensiona el discurso liberal y su efectivo cumplimiento. Es así que Andrés Santa Cruz mencionó en CNN, para calmar las aguas y suministrar una dosis de anestesia, que no está en cuestionamiento el derecho a propiedad. Por otra parte, la noción vida también está puesta en interrogación, ya que la baja pensión pone en riesgo otros factores que permiten una vida digna.
A pesar de las variadas declaraciones de Andrés Santa Cruz, desde el gobierno hubo pronunciamiento. Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, Ministros de Hacienda y Economía respectivamente, han salido a la cancha con la clara intensión de disputar ese espacio simbólico y ordenar las subjetividades. Pero más allá de los dichos de ambos Ministros, lo que ocurre es algo importante, ya que hacen del retiro de fondos una cuestión pública. Los dichos del Ministro de Economía sobre las angustias y necesidades urgentes generan un reconocimiento de un problema de carácter público. No olvidemos que el problema es problema cuando tiene reconocimiento por una autoridad del gobierno. Pero este reconocimiento no sólo origina un problema sino que hace visible a un posible actor: la profesora y la entidad que la acompaña.
La dimensión de posibilidad estará dada por la politización y su administración. Por un lado, la politización se define como el proceso que permite interrogar, problematizar y correr eso límites de lo que debe y puede ser discutido. Por otra parte, el acceso a la agenda es un recurso político, y por lo tanto, tiene algunas técnicas para ser eficaz. Esta dimensión de politización no está visible en el debate. Si desde el TC se pierde la disputa, la politización es una carta para ganar un derecho que en otros ámbitos ya está ganado. Mientras no se activen recursos para identificar ese espacio de conflicto, mientras no haya politización por una masa, parece que habrá una pérdida que no necesariamente se traduce en pérdida para la profesora, ya que pueden aceptar su caso, sino que podrían no acoger el derecho sobre esa propiedad y por ende hacer con ella lo que la “libertad disponga”.
En este escenario, la participación política, la disputa por el espacio y la politización es una cuestión que debe ser considerada prontamente. Ya veremos si la acción de la profesora la convierten en un actor de poder, puesto que en su incidencia, en su efecto, la reconocemos como tal. Por de pronto, con tres actores y la profesora, la batalla, en algún sentido, se está perdiendo.
(*) Estudiante de Ciencia Política y RR. II., UAHC. Diplomado en Estudios Griegos
En la cita participaron alrededor de 60 funcionarios municipales, los que se circunscriben al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), instancia funcional para el mejoramiento técnico y profesional de los mismos.
